Por toda la región, diversos organismos internacionales, organizaciones sociales, académicas y políticas, colectivos juveniles, sindicatos de maestrxs y muchos más están unidxs en sus llamados por un Estado laico que garantiza el acceso universal a la educación sexual integral. La educación sexual integral nos ayuda a construir una mejor sociedad para todas y todos. Puede prevenir la violencia y el abuso sexual, combatir la discriminación y los prejuicios que sufren las mujeres, las personas LGBTI y otros grupos, reducir la desigualdad de género, fomentar relaciones sanas y disminuir los embarazos en adolescentes y las enfermedades transmitidas sexualmente. Sin embargo, nuestras autoridades están fallando en garantizar este derecho para todas las personas en nuestro país. Si seguimos así, estos problemas continuarán impactando a todos y todas en nuestra sociedad.

Por toda la región, diversos organismos internacionales, organizaciones sociales, académicas y políticas, colectivos juveniles, sindicatos de maestros y muchos más están unidos y unidas en sus llamados por un Estado laico que garantiza el acceso universal a la educación sexual integral. La educación sexual integral nos ayuda a construir una mejor sociedad para todas y todos. Puede prevenir la violencia y el abuso sexual, combatir la discriminación y los prejuicios que sufren las mujeres, las personas LGBTI y otros grupos, reducir la desigualdad de género, fomentar relaciones sanas y disminuir los embarazos en adolescentes y las enfermedades transmitidas sexualmente. Sin embargo, nuestras autoridades están fallando en garantizar este derecho para todas las personas en nuestra casa de estudios. Si seguimos así, estos problemas continuarán impactando a todos y todas en nuestra sociedad.

La Educación Sexual Integral tiene como principal objetivo contribuir al bienestar y desarrollo integral de las y los adolescentes. Esto implica enfrentar las problemáticas que, principalmente, les afectan como la violencia y los embarazos adolescentes. Hasta mediados del 2021, conforme con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV), se han registrado 31 873 partos en menores de 19 años a nivel nacional, de los cuales 759 fueron en niñas menores de 14 años. Según el Código Penal, estos embarazos serían producto de violación sexual, transgrediendo gravemente los derechos de niñas y adolescentes. La ESI debe impartirse con base en información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. El enfoque integral supone la consideración de las dimensiones socioculturales, biológicas, psicológicas como éticas de la sexualidad, así como los enfoques de derechos humanos, género, empoderamiento e igualdad, que son fundamentales para garantizar la vivencia de una sexualidad responsable y placentera, y prevenir la violencia de género. Recordemos que el Estado está fallando en garantizar este derecho, situación que se ha agravado en el contexto de pandemia pues restringió el regreso a las escuelas y ha impedido asegurar la asignación de presupuesto suficiente para la implementación de la ESI dentro de los centros educativos, sin dejar de mencionar el desconocimiento de la normativa que respalda la ESI, la poca o nula información con la cuenta la plana docente al respecto, así como la falta de un programa de capacitación y sensibilización que trabaje articuladamente con autoridades educativas, docentes y las familias.